El próximo sábado, 1 de septiembre, unos 150.000 inmigrantes irregulares
se quedan sin tarjeta sanitaria. Las embarazadas y los menores tienen
garantizada la asistencia, pero el resto solo podrán acudir a urgencias.
¿Qué
ocurrirá con los pacientes crónicos, los que padecen VIH, los que
necesitan hemodiálisis, los que sufren patologías psiquiátricas? A
apenas cinco días de la entrada en vigor del real decreto que excluye a
parte de la población del sistema ordinario de salud, las preguntas aún
son muchas.
Más de 1.500 médicos se han declarado objetores: afirman que seguirán tratando a los sin papeles. ¿Podrán hacerlo? ¿Cómo? Hay comunidades, como la valenciana,
que han prohibido expresamente a los objetores atender a los
irregulares en horas de trabajo; otras, como Madrid, sostienen que todo
el mundo será atendido y luego se pasará la factura al enfermo o a su
país de origen (algo poco factible porque los convenios con otros
países, de existir, no suelen cubrir a los irregulares).
Además de los médicos, la red pública la integran otros
profesionales: administrativos, enfermeros, técnicos de laboratorio...
Reconstruimos con ellos cómo se podría sortear la prohibición. Leer noticia completa.
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