El
Real Decreto Ley 16/2012, aprobado el pasado 20 de abril, vincula el
derecho a la asistencia sanitaria y la financiación pública de los
medicamentos a la situación administrativa y de empleo de los
ciudadanos, rompiendo con el modelo de Sistema Nacional de Salud hasta
ahora existente.
Su aplicación en la Comunidad Valenciana
crea diferencias y barreras en el acceso a diagnósticos y tratamientos
adecuados para los colectivos más desfavorecidos y vulnerables,
especialmente a aquellos ciudadanos sin recursos económicos y a los
extranjeros sin permiso de residencia.
Somos
testigos de las consecuencias de esta situación con la interrupción y
pérdida de acceso a tratamientos imprescindibles para la supervivencia y
curación de algunos pacientes.
La
sociedad civil de la Comunitat Valenciana, representada a través de las
diferentes organizaciones que comparecen y respaldan este documento, se
posiciona firmemente en contra de estos cambios, exige la retirada del
RD 16/2012, así como la garantía y aplicación de un marco legal que
garantice de modo equitativo el derecho a la protección y cuidado de la
salud individual y colectiva de todos los ciudadanos sin distinción.
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